Bengoetxe

Continúo con esta serie que ha tenido sus precedentes en reflexiones sobre la política general de vivienda, la calificación indefinida de las viviendas protegidas y las reservas de suelo para VPO.

Otor lo de los campos en los que hemos hecho historia es en la lucha contra el fraude en la VPO y, en concreto en los procedimientos de adjudicación. Hay quien se queja de los sorteos y probablemente estemos de acuerdo en que sería que mejor que no hubiera sorteos ya que eso signficaría que hemos conseguido ofrecer tantas viviendas como se necesitan. Pero desgraciadamente aún no hemos llegado a ese punto y por eso utilizamos como método de adjudicación el más transparente que conocemos: el sorteo público, y ante notario.

De todos modos, a quienes se quejan de los sorteos les diría que se acordaran cómo se adjudicaban las VPO antes de llegar Ezker Batua-Berdeak al Gobierno. Pues sí: se adjudicaban a dedo por los propios promotores. Y en esas adjudicaciones, el enchufismo y la trampa estaban a la orden del día. Así, no era de extrañar que los adjudicatarios fueran amigos del promotor, enchufados de algún político al que el promotor le debía favores, empleados del banco que financiaba la obra, etc. Y no si no eran de ninguno de esos grupos eran sufridos demandantes a los que el promotor les pedía bajo manga bastante más de lo que costaba oficialmente la VPO. Esto se daba en Euskadi hace no tantos años pero hay que decir que lo de los sobreprecios no era una práctica generalizada como lo ha sido y lo sigue siendo en otros ámbitos del Estado.

Pues bien. Eso en Euskadi el enchufismo y la trampa en la venta de VPO se acabaron gracias a varias normas que aprobamos y publicamos entre 2002 y 2004, según las cuales todos los promotores de VPO, ya sea el Gobierno, los Ayuntamientos, las empresas privadas o las cooperativas tienen que realizar sus adjudicaciones por sorteo y ante notario. Como os podéis imaginar este método consigue que el adjudicatario no tenga ninguna relación referencial con el promotor y, por lo tanto, no permite que éste le cobre más de lo estipulado oficialmente.

Para que funcione este sistema es necesaria otra cosa: la existencia de una base de datos única de demandantes de VPO que sirva para que los diversos promotores realicen sus adjudicaciones. Y ésa es otra de las novedades que tiene Euskadi (en este caso antes de que EB-B se incorporara al Gobierno) y que están imitando en otras comunidades autónomas.

Pero por si esto, junto con la calificación permanente, fuera poco para desincentivar a quien pensaba obtener una plusvalía indebida, en Euskadi el Gobierno Vasco ejerce de forma sistemática el derecho de tanteo de las viviendas que se transmiten entre particulares. O sea, compramos la vivienda al precio oficial y después la adjudicamos a través de Etxebide, tirando de las listas de espera de los sorteos, evitando así que se puedan cobrar sobreprecios en la venta.

Lo cierto es que a partir de haber tomado estas medidas en Euskadi se van dando pasos, más o menos tímidos, en otros ámbitos del Estado para eliminar el fraude en la VPO, adoptando medidas similares. Y nos alegramos.