Bengoetxe

(la foto es de vdevivienda) El diario El Correo publicaba esta mañana una noticia referida al derecho de todas las personas residentes en Euskadi a una vivienda en alquiler, según la cual el anteproyecto de ley de vivienda contendría esta cuestión. Pues bien, aunque el modo de aparecer la noticia no es el que teníamos previsto, tengo que decir que es cierto. El texto recoge esa previsión, al establecer que a partir del uno de enero de 2012 las administraciones públicas vascas (Ayuntamientos y Gobierno) tendrán la obligación de ofrecer a cualquier ciudadano o ciudadana de esta comunidad, que cumpla unos determinados requisitos, una vivienda en alquiler por el que la persona demandante no tenga que pagar más del 30% de sus ingresos. Los requisitos de acceso serán los mismos que existen hoy para Etxebide: no tener vivienda, disponer de ingresos entre 3.000 y 43.000 euros y estar empadronado/a en Euskadi por un plazo superior a un año. Si las administraciones no ofrecen una vivienda protegida o de algún programa público tendrán que subvencionar a la persona demandante su contrato de alquiler libre hasta que la misma no pague más del 30% de sus ingresos.

Como veis, estamos planteando un derecho de aplicación universal (pocas personas sin vivienda cobran más de 43.000 euros y habitualmente lo que demandan es una vivienda en propiedad) a toda la ciudadanía vasca. Es decir, estamos situando el derecho a la vivienda con el mismo rango efectivo de los derechos al vestido, a la alimentación, a la educación o a la sanidad. Y, además, lo hacemos con la fórmula del alquiler. Aunque no somos partidarios de eliminar la promoción pública o privada de VPO en derecho de superficie, creemos que a la hora de hablar de derecho básico lo que tienen que ofrecer las administraciones es alquiler.

Asimismo, contemplamos que este derecho sea reclamable ante los tribunales. No se queda como un derecho ambiguo y genérico como hasta ahora, a la espera de saber si las administraciones lo van a cubrir o no, sino que, de no hacerlo, un juez establecerá el modo de garantizar su eficacia inmediata.

Iniciamos con esto un camino ilusionante, como ya sucedió con la ley del suelo. En primer lugar, tendremos que aprobar el proyecto de ley en el Gobierno tras las pertinentes consultas (que ya hemos iniciado) con los sectores sociales implicados. Posteriormente (antes de fin de año) será el Parlamento el que tendrá que debatir la ley para que finalmente sea de obligada aplicación. Por otro lado, se inicia una carrera intensa para garantizar que a finales de 2011 disponemos de las viviendas necesarias para ofrecerlas a la ciudadanía. De no actuar con diligencia, las administraciones tendremos que dotar los presupuestos necesarios para garantizar la efectividad del nuevo derecho.