Bengoetxe

Tengo la sensación de que el asunto de la fusión de las cajas vascas, más allá de las cuestiones políticas o de partido, no se está llevando bien. Por ejemplo, no entendí que hace unos días se lanzara la idea de que la fusión de las cajas vascas podría plantearse antes de acabar el año. A pocos meses de las elecciones generales era obvio que eso iba a provocar un duro enfrentamiento en Araba, donde el PP haría bandera de la alavesidad de la Caja Vital como ya lo hizo antes de las municipales. ¿No era más fácil (total unos meses más en un retraso de lustros no iba a ninguna parte) esperar a la recomposición de las asambleas y los órganos de dirección de las tres entidades allá por finales de marzo del año que viene y poner en marcha el proceso a partir de ahí? La posición de gobierno del PNV y del PSE en la Diputación de Álava y en el Ayuntamiento de Vitoria facilitarían la obtención de mayorías holgadas en la asamblea de Caja Vital para impulsar el proyecto de fusión. ¿Qué interés puede haber en adelantar las cosas unos meses?

Ahora el PSE se planta y es lógico. Y no tanto por el asunto de la consulta que planteó Ibarretxe como por la pugna electoral de marzo. El PSE no puede dejar al PP semejante baza en Álava.

Así que habrá que esperar. Y creo que lo mejor es una temporadita de silencio sobre el asunto.

Por cierto, no sé si se me nota pero soy firme partidario de la fusión. Lo era ya hace muchos años y cuanto más pasa el tiempo más partidario soy. Creo que disponer en Euskadi de una entidad financiera potente que pueda apoyar proyectos empresariales de futuro y consolidar un modelo de caja más solidario puede ser muy importante para el país.

Y puestos a ello, planteo alguna sugerencia para la futura caja: que en sus órganos de dirección tengan representación las instituciones comunes (Gobierno y/o Parlamento), recogiendo así el espíritu de entidad de país, que se propicie una representación plural en dichos órganos de dirección evitando monocolorismos que empobrecen la gestión y que se establezca un porcentaje alto (creo que un 30% puede estar bien) de aportación de beneficios a la obra social, cuya gestión debería hacerse con la máxima transparencia y participación ciudadana.