Bengoetxe

Mi intención es comenzar aquí el desarrollo del post "las empresas son nuestras" que publiqué el otro día. La verdad es que me gustaría avanzar en esta reflexión aportando números pero es muy difícil, así que me perdonaréis, queridos lectores y lectoras, si la propuesta va en prosa.

Hoy quisiera empezar hablando de lo que aportan las administraciones públicas a las empresas, de modo que podamos hacer luego un balance con lo que aportan las empresas a la comunidad.

Las empresas pueden decir que sin ellas no hay sociedad. Que son ellas las que crean la riqueza. Pero a poco que pensemos nos daremos cuenta de que los empresarios obtienen cuantiosas compensaciones por formar parte de una determinada comunidad. Las administraciones públicas, costeadas por toda la ciudadanía (también por las empresas, pero en nuestro entorno cada vez en menor proporción), generan las condiciones que necesitan las empresas para desarrollar su actividad:


(la foto es de Maurice Koop)

• Construyen infraestructuras (carreteras, aeropuertos, etc.) a las que difícilmente las empresas podrían hacer frente por sí solas porque el desembolso supera con creces sus posibilidades incluso aunque se trate de grandes compañías. Es cierto que algunas infraestructuras se financian sin recurso directo a las arcas públicas (por ejemplo, las autopistas) pero al final el coste recae de nuevo en la comunidad a través de los peajes.
• Sostienen el sistema educativo que aporta el recurso humano a las empresas. Un recurso humano, por cierto, que las empresas precisan cada vez más cualificado y cuya preparación implica un mayor coste. Es cierto que parte del sistema educativo es privado pero aún así está fuertemente subvencionado y, en todo caso, no existe capacidad de pago suficiente en la mayor parte de las familias para poder sufragar un proceso formativo que dura casi 30 años.

(la foto es de la galería del Banco Mundial)

• Mantienen el sistema sanitario. Es cierto que parte de los servicios sanitarios se prestan desde entidades privadas y que las empresas, a través de acuerdos en los convenios, incorporan cada vez un mayor número de personas en esos sistemas privados. Pero analizando el sector empresarial en su conjunto y la capacidad de respuesta de la sanidad privada parece claro que existe un abismo entre ambos elementos.
• Garantizan la seguridad. Aunque también en este caso hay seguridad privada es obvio que ésta es insuficiente y que para las empresas el coste de la inseguridad puede resultar muy gravoso. Pensemos en las expansiones a países con cotas de seguridad más bajas y el habitual recurso a urbanizaciones blindadas en esos ámbitos.
• La cuestión de los servicios sociales, y en concreto las pensiones, merecería un capítulo aparte pero la verdad es que no entiendo mucho de este asunto, así que igual lo dejo en unas cuantas palabras sueltas: pensiones públicas, planes privados de pensiones, aportaciones de empresarios y trabajadores, fondo de garantía de las pensiones ...

(la foto es de sleepiest1)

• Y así podríamos seguir con otros servicios como las relaciones internacionales y otras funciones públicas.

Es decir, las empresas tienen que pagar impuestos, no porque alguien se haya vuelto loco de repente y quiera recaudar sin límite, que es lo que parecen sugerir cada vez que hablan sobre estos temas los líderes de las organizaciones empresariales, sino porque con esos impuestos se deben costear todas esas infraestructuras y servicios que necesitan las entidades privadas para funcionar. Por cierto, otro día hablaremos más en detalle de los impuestos.

Aunque también es cierto que de esas infraestructuras y servicios se aprovechan los ciudadanos en general. Profundizando en esto deberíamos preguntarnos quién se aprovecha más. O dicho de otro modo, quién está dispuesto a pagar más por esos servicios. Las empresas dirán que depende de la contrapartida. Si usted reconoce la propiedad privada sin demasiados límites, me deja ganar dinero y no me pone muchas reglas yo estoy dispuesto a pagar más impuestos, podría decir un empresario. Sin embargo, lo que viene sucediendo últimamente en nuestro entorno más próximo es precisamente lo contrario. El grado de regulación es relativamente reducido y apenas se tocan los privilegios de las empresas. Sin embargo, se acentúa la tendencia a reducir los impuestos empresariales. De hecho, la proporción del IVA sobre el conjunto de impuestos cada vez es mayor y, por supuesto, el IVA lo costeamos todos los ciudadanos.